Iguales ante la Constitución y la Ley
10 Abr 2021

Iguales ante la Constitución y la Ley

10 Abr 2021

Los párrafos primero y quinto del artículo 1 de la Constitución son quizá los más importantes de todo el texto constitucional porque establecen un principio rector fundamental: la igualdad de todas las personas, sin condiciones, frente a la Constitución y la ley.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (…)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por algo el constituyente decidió que este fuera el primer párrafo de toda la Constitución, porque no hay democracia posible si no se parte del fundamento básico de que todos gozamos exactamente de los mismo derechos, y que está prohibido todo tipo de discriminación. Se trata de un principio básico, que va primero dirigido a todos los órganos del Estado, que toman decisiones con base en sus facultades constitucionales y legales. Éstas tienen absolutamente prohibido crear cualquier programa, política o tomar cualquier decisión que discrimine entre una y otra persona, con base en alguno de los conceptos establecidos en el párrafo quinto del artículo 1. 

Hoy, en México, de manera absurda e increíble, enfrentamos un doloroso ejemplo de discriminación para aplicar la vacuna contra el COVID, por parte del gobierno, con base simplemente en el sector en el que el personal médico está contratado. El presidente lo ha dicho abiertamente: ser parte del sector privado es el único motivo para no ser vacunado. Lo escuchamos también de las autoridades de salud, y lo vimos con vergüenza y coraje en un video difundido en redes sociales, cuando un “Cuervo de la Nación” gritaba que no había más vacunas para personal médico del sector privado. Así lo dijo, así lo han dicho el presidente y sus empleados, sin ningún recato. Lo demás, son maromas posteriores. Así, los grandes héroes de este país, los que se han jugado la vida para mantener nuestra salud en la pandemia, desde un peligroso salón de urgencias, hasta un peligorso consultorio de dentista, son rechazados por su gobierno, porque decidieron trabajar en el sector privado. Lo mismo enfermeras y enfermeros, ayudantes, asistentes y hasta las personas que limpian para que al día siguiente todo se encuentre limpio, todos ellos, discriminados por su gobierno. Expuestos todos los días, arriesgando la vida por nosotros para cumplir el juramento por la salud que hicieron, son puestos a un lado.

Esto no sólo viola la Constitución y las leyes, se trata tambien de un inhumano absurdo que retrasa la lucha contra la pandemia y nos pone en peligro a todos. 

Lo malo es que no sólo parece ser una decisión estúpida e inhumana, se enmaraca en una idea política más amplia, que los hace sentir como una especie de justicieros contra aquellas personas e instituciones que gozaban de éxito en el pasado. Al parecer se trata de un doloroso y penoso complejo de inferioridad que rige sus decisiones diarias, y que busca instalar la mediocridad como techo, para que nadie se sienta menos. Hay varios ejemplos de esto, describo algunos.

Una respuesta parecida recibieron los pequeños y medianos empresarios que durante la pendemia suplicaron por algo de apoyo de su gobierno para no desaparecer. “Que quiebren los que tengan que quebrar” dijo el presidente abierta y públicamente. Y eso pasó, con 1 millón de PYMES, según el INEGI, que murieron ante la falta de apoyo. 

Lo mismo ha sucedido con las miles de organizaciones de la sociedad civil que no pedían ayuda, sólo condiciones justas para poder operar, recibir recursos y realizar sus actividades. El presidente los tachó de “Fifís” y los sentenció a morir con una serie de medidas fiscales imposibles de cumplir. Estas organizaciones se dedicabana a ayudar a mujeres golpeadas, alimentar y resguardar niños sin recursos o documentar abusos a los derechos humanos en diferentes zonas del país, además de documentar la corrupción del gobierno o evidenciar el fracaso de las políticas contra la violencia. Las que no han muerto han sido reducidas a pequeños grupos de personas que operan sin recursos ni información.

La misma discriminación ilegal sufren los medios de comunicación. Por un lado están aquellos que pasan en vivo y en directo las mañaneras, o la reportan sin crítica en sus portales digitales o periódicos, que reciben cientos de millones de recuros públicos en contratos de publicidad del gobierno, y un trato preferencial en el acceso a la información. Por el otro lado estan los medios independientes, que se financian con fuentes privadas y evitan la propaganda gubernamental, que son señalados, atacados, investigados y hostigados por un gobierno incapaz de tolarar la crítica. Los primeros se toman fotos con el presidente, los segundos sufren para sobrevivir. 

Les pasa tambien a los ciudadanos de municipios o estados gobernados por partidos diferentes a Morena. Sufren de abierta discriminación del gobierno en programas esenciales de seguridad, apoyo al campo, infraestructura o programas sociales básicos. El gobierno federal abiertamente esconde recursos a gobiernos municipales y estatales gobernados por la oposición, sin reparar en que los afectados finales son los ciudadanos de esas localidades, y no los enemigos políticos. Las violaciones a las leyes de presupuesto y coordinación fiscal deben superar ya a las de varios gobiernos anteriores juntos, pero lo que importa es mostrar autoridad.

Y, así, me podría seguir con varios ejemplos más de un gobierno que entiende al Estado mexicano como un instrumento para aplicar su chafísima y setentero concepto de justicia social, que básicamente implica que todos estén igual de jodidos. La mediocridad como medicina para los complejos de inferioridad. Y todo, en franca y abierta violación al régimen democrático constitucional.

Esta elección podemos empezar a corregir eso. Un Estado multicolor, sin concentración ilegal del poder en unas cuantas manos, es la unica manera de evitar la discriminación y la violación de nuestros derechos. Necesitamos enseñarles a los políticos, del color que sean, que una vez que llegan al cargo, los rige en todos sus actos y decisiones el artículo 1 de la Constitución, y así, están obligados a gobernar para todos, aunque les cueste trabajo entenderlo. En esta elección nos jugamos las libertades básicas yel derecho a ejercer todos nuestros derechos. 

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